Publicadas las nuevas leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público
El Boletín Oficial del Estado (BOE) número 236 del viernes, 2 de octubre de 2015, publica la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf) y, simultáneamente, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PACA)
Aborda los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así́ como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art.1.1).
Esta nueva ley contiene tres leyes preexistentes que son:
• La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
• La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Si bien la PACA es una ley muy similar a su predecesora, la parte más novedosa es la relativa a la implantación de la gestión electrónica del procedimiento, por la Administración y el ciudadano.
Se crearán en cada Administración Registros electrónicos de apoderamientos para designar representantes ante la Administración (art.6).
La regla generales la libertad o derecho de opción del particular para comunicarse o no por vía electrónica con la Administración. Sin embargo, como excepción se sienta la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
– Las personas jurídicas o sus representantes,
– Los empleados públicos de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
– Los profesionales colegiados en sus relaciones con la Administración.
– Algunos colectivos de personas físicas “para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios” (art.14.3).
Destacar también que se introduce el cómputo de plazos por horas (con el máximo de 24) y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo. Se consideran hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil (art.30).
Entrada en vigor
Al año de su publicación en el BOE. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Esta nueva Ley aborda, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado.
Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.
Esta nueva norma supone la derogación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).
Entrada en vigor
Al año de su publicación en el BOE.